La imputación de Dina Bousselham por falso testimonio queda en manos de la Fiscalía de Delgado

La Fiscalía, cuya máxima responsable es la ex ministra socialista Dolores Delgado, tiene en sus manos el futuro de la ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham y de la ex pareja de ésta, Ricardo Sa Ferreira. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de remitir un escrito al Ministerio Público en el que la acusación popular ejercida por la asociación de juristas Prolege solicita la imputación de ambos testigos por un delito de falso testimonio. Según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 está a la espera de recibir la postura de Anticorrupción para tomar una decisión definitiva sobre el futuro judicial de Bousselham.

La joven marroquí ha ofrecido al juez hasta seis versiones distintas y contradictorias sobre la presunta participación del ex líder de Podemos en la destrucción de la tarjeta de memoria de su teléfono móvil. Desde que denunció en una Comisaría de Alcorcón el supuesto robo de su celular, el 1 de noviembre de 2015, Bousselham ha declarado en varias ocasiones ante jueces y agentes de la Policía y todas las declaraciones sobre estos hechos son opuestas.

Después de que OKDIARIO publicara, en julio de 2016, el chat machista de Pablo Iglesias sobre la periodista Mariló Montero, Dina declaró en un juzgado de Alcorcón que el material publicado por este diario procedía de su teléfono móvil supuestamente sustraído. En ese acto, en el que estuvo asistida por los abogados de Podemos, Dina ocultó que ya había recuperado la tarjeta de memoria de su móvil: había llegado a la redacción de la revista Interviú y su entonces presidente, Antonio Asensio, se la entregó a Pablo Iglesias en enero de 2016. El propio Pablo Iglesias reconoció más tarde ante el juez que accedió al contenido de la tarjeta en un ordenador de la revista de investigación, examinó sus archivos y comprobó que contenía «fotos íntimas» de su ex asesora. Pese a ello, se guardó el dispositivo y no se lo devolvió a su legítima propietaria hasta seis meses después, en el verano de 2016, según su declaración.

Dina Bousselham declaró el 10 de diciembre de 2018 ante la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional como testigo-perjudicada en la pieza separada número 10 del caso Villarejo. En esta ocasión, aseguró expresamente que no tenía ninguna copia de la tarjeta de su teléfono móvil. Mintió, pues ya hacía dos años que Pablo Iglesias le había entregado el dispositivo de memoria.

Ante el juez

Tres meses después, el 27 de marzo de 2019, Dina Bousselham declaró por primera vez ante el juez Manuel García-Castellón. Reconoció que había mentido ante la Policía Nacional y entregó al magistrado la copia de la tarjeta de memoria que Iglesias había recibido de manos del presidente del Grupo Zeta.

En esa primera declaración aseguró que nunca pudo acceder al contenido del dispositivo, porque estaba dañado cuando Iglesias se lo entregó: «Yo nunca la he llegado a abrir porque nunca me ha funcionado, de hecho, intenté recuperar la tarjeta SIM para mandarla, en este caso a Berlín, que no lo hice nunca, y la dejé en el olvido hasta ayer que [Pablo Iglesias] me dice: Oye, tráete la tarjeta SIM que te di, ¿te acuerdas? Y la he traído por si quisieran cotejarla».

En la segunda declaración ante el instructor, el 18 de mayo de 2020, aseguró hasta en dieciséis ocasiones que nunca había accedido al contenido de la memoria SD. «Yo obtengo esta tarjeta pero nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta»; «nunca he conseguido saber lo que había en esa tarjeta por eso la envíe a una empresa»; «nunca he recuperado el contenido»; «nunca he tenido acceso»; son algunas de las afirmaciones que vertió. El juez concluyó que si la tarjeta funcionaba cuando la tenía Iglesias y dejó de hacerlo cuando se la entregó a la joven marroquí «sólo hay una explicación posible», esgrimió, que es que la misma se destruyera en posesión del ex vicepresidente del Gobierno.

Por ello, el magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, decidió retirarle a Iglesias la condición de perjudicado en el procedimiento y solicitó su imputación por los delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Pero, Dina, con el objetivo de ayudar a su ex jefe, envió una carta al magistrado y se retractó de su primera declaración. La testigo ahora aseguraba que el ex líder morado, cuando le entregó la tarjeta de su móvil, funcionaba perfectamente. En la última declaración, de marzo de este año, añadió que incluso pudo comprobar el contenido de la micro SD en un ordenador y «funcionaba perfectamente», sentenció. «Quizás no me expresé bien en el otro interrogatorio», se excusó.

Salvar al líder

La ex asesora añadió esta información para exculpar a Iglesias de un delito de daños informáticos, pese a que este gesto podría suponerle un problema con la Justicia. Bousselham pudría enfrentarse a un delito de falso testimonio castigado con penas de prisión de seis meses a dos años. Además, el juez no la creyó. «Lo digo con total sinceridad: si usted recibe la tarjeta, la mete en el ordenador, funciona, la mete en un cajón y después no funciona… realmente es un hecho extraordinario», señaló el instructor.

Del mismo modo, su ex pareja Sa Ferreira también ha vertidos argumentos contradictorios ante el magistrado en las dos ocasiones en las que fue citado. «En la primera declaración omite datos relevantes y no hace referencia al acceso al contenido de la tarjeta y en la segunda introduce nuevas circunstancias de las que, ninguno de los dos deponentes, habían hecho referencia anteriormente respecto al acceso por parte de Dina Bousselham al contenido de la tarjeta», señala la acusación en su escrito.

Por todo ello, y de acuerdo a la exposición razonada elevada por el instructor al Tribunal Supremo en el que solicitaba la imputación de Iglesias y de estos dos testigos junto a otros miembros de Podemos, la acusación popular solicita la imputación de Bousselham y Sa Ferreira porque «con ánimo de exculpar a Pablo Iglesias de un posible delito de daños informáticos , con conocimiento de su falsedad, han vertido un testimonio que altera la instrucción en causa penal, por lo que se insta al instructor a ser coherente con sus propios actos respecto con su exposición razonada». Ahora, la decisión está encima de la mesa del fiscal.